La ahora condenada también denunció que su madre había encontrado en la vivienda en la que reside una nota amenazante dejada allí por su novio, hecho que también reconoció en el acto del juicio. Ante tantas denuncias, el varón fue detenido el día de Navidad del año 2016, permaneciendo en prisión hasta marzo del año siguiente, motivo por el cual perdió su trabajo y su vivienda, que recuperó más tarde cuando la situación se aclaró.

La falsedad de las denuncias quedó en evidencia cuando la mujer dio cuenta de una nueva amenaza realizada a través de Facebook, durante el período en el que su ex pareja estaba en prisión, sin ninguna posibilidad de conectarse a esta red social. Posteriores investigaciones demostraron que la IP desde la que se habían enviado todas las supuestas amenazas no era otra que la asignada en aquel momento al teléfono móvil de la denunciante, y por lo tanto, había sido ella la que se había enviado a sí misma los mensajes amenazantes, utilizando una cuenta de Facebook con el ánimo de suplantar la identidad del acusado y perjudicarlo.

La magistrada subraya en su resolución que a los numerosos perjuicios ocasionados al afectado se debe añadir también un evidente daño moral por tener que defenderse de una acusación que entra en un terreno «delicado y de amplia repercusión social«, como es el de la violencia machista, por lo que condena a la mujer a pagar a su ex pareja la cantidad de 8.000 euros para resarcirle.